Desde una perspectiva social, la regulación de los MVE contribuiría a la construcción de ciudades más sostenibles y accesibles. La reducción de emisiones contaminantes y de ruido en entornos urbanos impactaría positivamente en la salud pública, disminuyendo la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación del aire.
Además, al establecer certificaciones y regulaciones claras, se facilitaría el acceso a opciones de transporte más seguras, eficientes y asequibles, beneficiando a sectores de la población con dificultades para movilizarse en ciudades con alto tráfico y costos elevados de transporte. Esta medida permitiría fortalecer la infraestructura de movilidad compartida y pública, mejorando la calidad de vida y reduciendo la desigualdad en el acceso a sistemas de transporte sustentables.
Por otro lado, la promoción de la electromovilidad impulsaría la generación de nuevas oportunidades de empleo, tanto en la manufactura de vehículos eléctricos como en la creación de infraestructura de carga, mantenimiento y distribución. Esto permitiría el desarrollo de una mano de obra especializada en energías limpias y movilidad inteligente, preparando a México para la transformación tecnológica del sector automotriz.